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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

sábado, 11 de octubre de 2014cermi.es semanal Nº 139

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

X Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos

Las organizaciones de la discapacidad apuestan por revitalizar sus estructuras y renovar el contrato social con las bases

El X Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos ha sido clausurado en la sede del Parlamento foral con la presencia del presidente de la Cámara navarra, Alberto Catalán

10/10/2014

Las organizaciones del movimiento asociativo de la discapacidad han apostado este viernes, en el X Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos, por revitalizar sus estructuras y renovar el contrato social con las bases para fomentar la cohesión. La clausura del congreso ha tenido lugar en la sede del Parlamento foral con la presencia del presidente de la Cámara navarra, Alberto Catalán, quien ha asegurado que “queda mucho para sensibilizar a la sociedad y que entienda que todos debemos sentirnos parte de la vida social, política y cultural”.

Clausura del X Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos Así lo ha hecho durante el X Congreso, que ha tenido lugar en Pamplona, organizado por el CERMI Estatal y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CORMIN) bajo el lema ‘Territorios de inclusión. Construyendo un nuevo relato para la discapacidad’.
 
Durante la mesa redonda ‘Renovando el contrato social con las bases. Por unas estructuras asociativas revitalizadas’, en la que Roser Romero, secretaria de Organización de COCEMFE, se ha referido a los retos de futuro como la necesidad de generar sinergias entre las entidades del sector para optimizar recursos, la creación de espacios de diálogo, o la implicación de las bases, así como dar respuesta a nuevas necesidades, como las derivadas del envejecimiento.
 
Antonio Guillen, representante de COCARMI ha considerado necesario lanzar a las bases un mensaje claro y profundo de compromiso de trabajo para recuperar los derechos perdidos durante la crisis, algo que, en su opinión, es fundamental para recuperar la confianza. Guillen también ha subrayado la necesidad de la formación de nuevos liderazgos en este ámbito.
 
Teresa Palahí, vicepresidenta de la ONCE, ha asegurado que “si nos centramos en ser, sobre todo, entidades prestadoras de servicios, puede que nos olvidemos del contrato social que tenemos con las bases”, por lo que ha considerado importante que “la información fluya de arriba hacia abajo para que las bases tengan el sentimiento de pertenencia que debe tener cualquier entidad”.
 
Por ello, ha apostado por “revitalizar las estructuras y las bases de las organizaciones a nivel territorial para conseguir cohesión”, ya que, ha insistido, “las bases tienen que sentirse escuchadas y parte de la estructura”. “La ciudadanía está pidiendo una participación activa en las decisiones que les afectan y el tercer sector tiene que dar un paso adelante en este sentido”, ha subrayado.
 
Finalmente, la representante de CERMI Cantabria ha destacado la utilidad del trabajo en red y la importancia de situar como eje central de las actuaciones de las entidades del sector la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y la mejora de su calidad de vida por encima de los intereses de la entidad.
 

Clausura en el Parlamento 

 
El acto de clausura ha contado con la participación de Javier Miranda, presidente del CORMIN; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI Estatal; y Alberto Catalán Higueras, presidente del Parlamento de Navarra.
 
Alberto Catalán ha asegurado que “queda mucho para sensibilizar a la sociedad y que entienda que todos debemos sentirnos parte de la vida social, política y cultural”. “El Estado del Bienestar será de menos bienestar mientras no se de pleno cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad y se eliminen barreras”, ha puntualizado.
 
Asimismo, ha manifestado la “voluntad clara” del Parlamento de Navarra con la defensa de las personas com discapacidad y el compromiso con el impulso de cuantas leyes sean necesarias para una plena inclusión y con la condena de la vulneracion del derecho de no discriminación.
 
Así, Javier Miranda ha señalado que “ahora toca pasar de las palabras a los hechos, tanto por parte de las entidades como de las instituciones y los gobernantes”. “La sociedad entera comprenderá que la discapacidad es un territorio de inclusión cuando los agentes y dirigentes sociales lo crean, lo reivindiquen y lo hagan posible”, ha recalcado.
 
Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno ha asegurado que “ese territorio de inclusión al que aspiran las personas con discapacidad no se puede postergar siempre” y ha insistido en que “hay que hacer realidad una comunidad donde las personas con discapacidad sean parte activa”, una comunidad, ha dicho, “a la que no renunciamos a pertenecer por derecho y por vocación”.
 

Acceso a la Justicia

 
La ponencia de clausura ‘El acceso de las personas con discapacidad a la Justicia’ ha sido impartida por Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, quien ha hecho un repaso por los hitos legislativos en materia de discapacidad, como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad o la Ley General de la Discapacidad. 
 
Así, se ha referido al artículo 13 de la Convención, que reconoce el derecho al acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y ello, ha dicho, “nos obliga a quienes integramos el poder judicial”. 
 
En esta línea, ha señalado como un paso importante la creación del Foro Justicia y Discapacidad, hace once años, cuyo objetivo es, según ha explicado, “que no haya obstáculos en el acceso del colectivo a la justicia”.
 
En el acceso a la justicia, ha asegurado, “no hay que limitarse a lo más llamativo, que son las barreras físicas porque “las peores barreras son de otro tipo” y se ha referido a las deficiencias en la información sobre derechos y recursos existentes para personas con discapacidad ola excesiva formalidad de los procedimientos judiciales.
 
Es necesario, desde su punto de vista, una política y unos órganos judiciales de especialización en este ámbito, de los que hoy en día solo existen 16 en España. Sin embargo, ha dejado claro que esta es la línea que va a seguir el Gobierno en esta legislatura, así como el impulso de una política de sensibilización, a través de la formación especializada a todos los operadores jurídicos.
 
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